La justicia como árbitro electoral 

Si  los partidos políticos funcionaran comprometidos con la democracia, será innecesaria la injerencia de la “autoridad” para deslindar las delicadas tramas que se urgen para construir una alianza electoral. Por todo lo que a diario vemos, la intervención del Tribunal Electoral irá en aumento, dado el  evidente relajamiento con el que evaden los  compromisos partidistas.

Gracias a “las bellezas” que se están conociendo, algunas candidaturas presentan anomalías que amenazan con contaminar las elecciones del 2024. La opinión pública tiene sobre la balanza la capacidad regulatoria del Tribunal Electoral, pues pareciera incapaz de limitar el control absoluto que las cúpulas partidistas ostentan en la materialización de asuntos electorales.

La “corredera” empezó con inhabilitación de uno de los candidatos presidenciales, tras haber recibido una severa condena de prisión. Ahora en simultáneo, se hace público la incapacidad jurídica de un candidato que se dice que “no es ciudadano panameño”, y de  otro, cuya designación como Vice era cuestionable, y ahora lo es su postulación presidencial.

Es fácil hacerse eco de los cuestionamientos ciudadanos,  pues antes de las elecciones, esas dudas deben ser disipadas.  ¿Cómo explicarnos la postura pasiva asumida ante la gravedad de estas irregularidades?

Si la  protección y salvaguarda de procesos democráticos es “la razón de ser” de la Justicia  Electoral, le corresponde sin dilaciones entrar en acción ante el más leve indicio de ilegalidad de una postulaciones, por el solo hecho de que atentan contra la transparencia del torneo. No hacerlo se traduce como un respeto excesivo a los partidos, pues las postulaciones  fraudulentas, son una muestra del control injustificado que las cúpulas ejercen sobre sus estructuras internas.

Esta indiferencia institucional debilita el derecho de la membresía de los partidos, quienes participan creyendo en la legalidad de esas consultas internas. Peor aun  sería si “los candidatos” eran conocedores de esas irregularidades.

En defensa de la democracia, el orden jurídico electoral no puede ser invitarles a la abulia. El respeto a la legalidad no puede ser pretextada para desatender  el compromiso de atender  esas graves anomalía electorales. Pesa el riesgo de que si no se atienden oportunamente, “algunos politiqueros” podrían favorecerse con el resultado de unas elecciones que se pretende contaminar.

Abogado